La oposición dice no al plan para eliminar el delito de femicidio y la Ley Micaela.
Publicado: 25 / 01 /2025El proyecto de “Igualdad ante la ley” ha encendido un intenso debate en la arena política argentina, poniendo en evidencia las tensiones y divisiones dentro del Congreso. Con propuestas que buscan eliminar políticas de discriminación positiva, se toca un aspecto delicado del marco legal actual, lo que genera posiciones encontradas entre los legisladores.
Muchos observan este movimiento del Ejecutivo como una estrategia para evaluar lealtades dentro del Poder Legislativo. Se presionaría a aquellos que en el pasado apoyaron normativas inclusivas para reasumir posturas que ahora podrían percibirse como contradictorias. El apoyo o rechazo al proyecto podría reafirmar o desafiar las alianzas políticas existentes.
En el reciente discurso del presidente en Davos, las palabras de crítica hacia la ideología woke, y su vínculo con el feminismo y otras luchas por derechos, han causado revuelo. Describir estas causas como “un cáncer que extirpar” no solo generó indignación entre opositores, sino que también avivó el temor de un retroceso en derechos adquiridos.
Al descartar propuestas de políticas inclusivas como el femicidio y los cupos laborales para sectores vulnerables, el Gobierno justifica su postura alegando una defensa de la igualdad constitucional, sin considerar las desigualdades estructurales que estas políticas intentan abordar. Esta visión ha sido fuertemente criticada por varios legisladores, quienes ven en las palabras del presidente una amenaza a los derechos humanos y sociales.
Desde distintas bancadas, la reacción ha sido diversa. Diputados como Esteban Paulón y la senadora Nora del Valle Giménez han manifestado su rechazo al proyecto, temiendo el debilitamiento de un marco legal que protege a las minorías y promueve la equidad. Líderes de otras fuerzas políticas compartieron sentimientos similares, destacando la peligrosidad de reducir políticas que abordan desigualdades específicas impuestas históricamente.
Aunque el proyecto tarda en llegar formalmente al Congreso, la discusión ya es intensa. Los detractores destacan la necesidad de proteger las conquistas logradas en materia de derechos humanos y sociales, mientras que algunos partidarios del gobierno actual ven en este proyecto una oportunidad de reformar lo que consideran privilegios mal constituidos. En definitiva, la posible presentación del proyecto en el Congreso pondrá a prueba la solidez de las alianzas políticas en un momento extremadamente polarizado del país.
Tal como lo expresó Natalia Sarapura, “la igualdad ante la ley” no debe servir de pretexto para ignorar las luchas y desigualdades reales que aún persisten. La discusión está en pleno vuelo, y la ciudadanía observa atenta el desenlace de un debate que definirá la direccionalidad política y social de la Argentina en los próximos años.