No pudieron identificarse restos de una desaparecida hallados en junio

Los restos óseos encontrados el 6 de junio en un batallón del Ejército uruguayo en Toledo, Canelones, corresponden a una detenida-desaparecida durante la última dictadura, según determinaron los estudios que realizó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), pero el material genético analizado no logró “coincidencias significativas” con otras muestras, lo que impidió su identificación. 

En una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía, la jefa del EAFF, Alicia Luisardo, responsables de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) de Uruguay y el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, dieron detalles de los estudios.

“La primera conclusión fue que los restos corresponden a una mujer. Y la segunda es que los 33 marcadores hallados no arrojaron coincidencias significativas con la base de datos de las familias que buscan desaparecidos”, explicó Luisardo, que igualmente destacó que “se redujo enormemente la lista de posibilidades”.

La especialista dejó en claro que los restos no son los de la argentina María Claudia García de Gelman, una especulación surgida porque durante la presidencia de Tabaré Vázquez se recibió información de que había sido enterrada en ese batallón 14, ni los de Elena Quinteros, otro nombre que se barajaba.

La muestra de ADN fue analizada por el Laboratorio de Genética Forense del equipo argentino, que buscó determinar la identidad -comparando la muestra con el banco de datos de familiares de víctimas de la dictadura-, la causa de la muerte y la edad de esta persona al momento de su fallecimiento.

Sobre las causa, Luisardo detalló que no había dudas de que se trató de una muerte violenta, con torturas previas, datos que, dijo, se complementa con el hecho de que se trata de un cuerpo “enterrado clandestinamente en un predio militar”.

En la conferencia se anunció la conformación de una mesa de trabajo entre todas las instancias para profundizar el trabajo, ampliar la base de datos y acrecentar, en consecuencia, las posibilidades de identificaciones.

“Que hoy no se hayan podido obtener la identificación no significa que no pueda lograrse eso en el futuro”, remarcó el fiscal Perciballe.

Subrayó, por otra parte, que el Batallón 14 “sigue siendo un objetivo importante” para la búsqueda de otras víctimas de la dictadura y dejó en claro que “la responsabilidad absoluta de una desaparición es del Estado, y por eso el compromiso de instituciones y organismos”.

El hallazgo de estos restos se realizó a unos 130 metros de donde se había realizado la excavación de 2006 y a ocho metros de la antigua Bodega Vidiella, que todavía mantiene algunos muros a la vista.

Tras el fin de la dictadura, en 1986, en Uruguay se aprobó la denominada Ley de Caducidad, refrendada por la ciudadanía en las urnas en 1989 y 2009, que brindó durante años una amnistía a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura y delegaba en el Gobierno la decisión de qué casos podían ser juzgados.

Con la llegada del Frente Amplio al poder en 2005, se buscaron excepciones a la ley para iniciar varios juicios a militares y políticos por su rol en esa época y, finalmente, una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2011 permitió ampliar los procesos, que llegaron a producir condenas de cárcel de hasta 30 años.

En el Batallón 14, centro de detención y tortura durante la dictadura, y señalizado como sitio de memoria por la Ley 19.641, también se encontraron en 2012 los restos del periodista y pedagogo Julio Castro, secuestrado y desaparecido en agosto de 1977, y del trabajador Ricardo Blanco, secuestrado en enero de 1978.

Además de estos dos, en Uruguay solo se hallaron los restos de Ricardo Gomensoro (en 2002), Fernando Miranda (2005), Ubagésner Chaves Sosa (2005) y Eduardo Bleier (2019).