Descubrimos el funcionamiento de “La Orden de la Luz” y quiénes están tras las rejas

La Legislatura bonaerense se encuentra en el ojo de la tormenta por una impactante causa de abusos sexuales que habrían ocurrido dentro del Senado. Detrás de esta denuncia emerge “La Orden de la Luz”, una supuesta organización con tintes sectarios, según documentos a los que accedió EL DIA.

La Justicia penal de La Plata investiga esta grave acusación, pues los abusos se habrían prolongado durante casi una década. En el centro de las investigaciones hay dos empleados ya detenidos: Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, quienes enfrentan cargos por delitos contra la integridad sexual en un contexto de manipulación y abuso de poder personal y político.

Fuentes judiciales señalan que uno de los focos de la causa es cómo se usaron espacios políticos y promesas de crecimiento para ejercer control sobre las víctimas. En este marco, se investiga el funcionamiento de la supuesta estructura “La Orden de la Luz”.

Rodríguez se presentaba como un líder espiritual con supuestos “poderes especiales”, mientras que Silva Muñoz actuaba como su asistente, incrementando el sometimiento de las víctimas. Esta dinámica, según fuentes judiciales, se habría empleado para justificar los abusos y mantener un vínculo coercitivo.

Tras las detenciones ocurridas el 29 de diciembre, Rodríguez y Muñoz se negaron a declarar. Sus abogados solicitaron el traslado a una alcaldía departamental.

Una causa explosiva que lleva años de investigación

La causa, que acumuló testimonios coincidentes y derivó en órdenes de detención, allanamientos y el secuestro de pruebas, fue impulsada por la fiscal Betina Lacki. El Juzgado de Garantías N° 4 respaldó estas medidas tras encontrar evidencia convincente.

Desde al menos 2015, los testimonios detallan un patrón de abusos sexuales, violencia psicológica y sometimiento hasta 2023. Las víctimas -con sus identidades protegidas- relataron haber sido manipuladas bajo amenazas y control emocional.

Los incidentes incluyen accesos carnales sin consentimiento, amenazas con armas y control de la vida personal de las víctimas. Parte de los abusos ocurrieron en propiedades ligadas a los imputados y en ámbitos políticos y laborales.

Cómo sigue la causa

Tras las detenciones del 29 de diciembre, los imputados evitaron declarar. Sus defensores pidieron su traslado, argumentando condiciones inadecuadas en los calabozos de la DDI, lo que queda pendiente de resolución judicial.

Desde la fiscalía destacan que la causa se sustenta en testimonios consistentes y sostenidos, junto con material documental y digital. La investigación también revela intentos previos de denuncia por parte de las víctimas y presiones para evitar que los casos llegaran a la Justicia.

Para el Ministerio Público, el caso posee una gravedad institucional significativa, debido no solo a los persistentes abusos, sino también al contexto de poder que facilitó el sometimiento de las víctimas.