Milei firmó un decreto que flexibiliza el trámite para nombrar jueces de la Corte

Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmaron un decreto para modificar el procedimiento de selección de candidatos a la Corte Suprema. La decisión reduce instancias administrativas previas al envío de pliegos al Senado y reabre la discusión sobre transparencia, participación ciudadana y equilibrio institucional.

La medida apunta sobre el decreto 222/03, la norma que desde 2003 funciona como mecanismo de autolimitación presidencial para proponer jueces del máximo tribunal. Ese sistema obligaba a publicar antecedentes, abrir un período de observaciones e impugnaciones y reunir información patrimonial, tributaria y profesional antes del tratamiento legislativo.

Qué cambia con el nuevo esquema

La Nación informó que el decreto firmado por Milei y Mahiques acorta el trámite previo, elimina la recomendación de contemplar diversidad de género, especialidad y procedencia regional, y deja sin efecto instancias de participación dentro del Ministerio de Justicia. El Gobierno argumenta que existía una duplicación con el procedimiento que luego se desarrolla en el Senado.

El Día detalló que el nuevo régimen también ajusta los requisitos patrimoniales y prevé intervenciones de ARCA para informar la situación fiscal de los postulantes. En los hechos, el Ejecutivo busca acelerar la etapa administrativa antes de remitir los nombres a la Cámara alta, donde sigue vigente la audiencia pública y la necesidad de una mayoría agravada.

El cambio tiene un antecedente cercano: el intento oficial de avanzar con designaciones en comisión para la Corte, una estrategia que generó fuerte resistencia política y judicial. Por eso, cualquier modificación del circuito de nombramientos vuelve a ser leída en clave de disputa institucional.

El debate que se abre

Para el oficialismo, el decreto ordena un procedimiento que considera lento y redundante. Para sus críticos, reduce controles previos y baja el nivel de exposición pública de los candidatos antes de que el Senado reciba los pliegos.

La discusión no es menor. La Corte Suprema mantiene un peso decisivo en causas institucionales, electorales, económicas y penales. Cada vacante abre una negociación política de alto impacto y cualquier cambio en el método de selección altera el equilibrio entre velocidad administrativa, control ciudadano y acuerdo parlamentario.

El Gobierno todavía deberá convertir la firma del decreto en un movimiento político efectivo. Sin votos suficientes en el Senado, el trámite formal puede acelerarse, pero la aprobación de los nombres seguirá dependiendo de acuerdos que el oficialismo no controla por sí solo.

Fuentes consultadas

• La Nación: detalles del decreto firmado por Milei y Mahiques y cambios sobre el procedimiento del decreto 222/03.
• El Día: alcance de las modificaciones, controles patrimoniales y argumentos del Gobierno.
• Boletín Oficial: antecedentes normativos sobre designaciones en la Corte Suprema y procedimiento institucional.