Despidos en Blender y negocios en expansión: la semana en que el conflicto salarial chocó con los contratos del dueño

El conflicto que estalló en Blender el 26 de junio de 2026 no fue solamente una pelea interna en una empresa de streaming. Fue, sobre todo, una postal brutal de época: trabajadores que denuncian despidos por reclamar salarios, una conductora que corta un programa en vivo para solidarizarse con sus compañeros, guardias en la puerta y, del otro lado, un dueño en plena expansión empresaria y con creciente presencia en negocios atados al Estado. Si hacía falta una imagen para desmontar la fantasía de que los “nuevos medios” iban a nacer libres de las viejas prácticas patronales, Blender la ofreció en horario central.

Los hechos centrales están bien documentados. Ese jueves, durante una emisión de Último Aviso, Fiorella Sargenti interrumpió la transmisión para denunciar que varios compañeros habían sido echados por reclamar actualizaciones salariales. Las frases circularon rápidamente porque sintetizaban algo más profundo que un desacuerdo administrativo: “Echaron a muchos de nuestros compañeros por hacer un reclamo vinculado con nuestros salarios”, dijo al aire antes de que la pantalla se fuera a negro. Tiempo Argentino, Canal Abierto e InfoGremiales reconstruyeron el episodio casi en simultáneo. InfoGremiales habló de unos 20 despedidos y describió el conflicto como una exposición pública de la precarización laboral en los nuevos medios. Canal Abierto señaló que había más de diez desvinculaciones y guardias de seguridad bloqueando ingresos. Más allá de la diferencia exacta de cantidad, el núcleo de la crisis era el mismo: reclamo salarial, respuesta empresaria y protesta en vivo.

Horas después llegó el comunicado oficial de la empresa. Noticias Argentinas y Minuto Uno publicaron el texto en el que Blender aseguró que “genera trabajo para más de 100 personas”, que cumple “en tiempo y forma” con todas sus obligaciones salariales y que las desvinculaciones respondieron a conductas “incompatibles con los valores de la compañía”. La empresa también acusó a un “grupo reducido de personas” de usar la pantalla como mecanismo de presión. Es importante registrar esa versión porque forma parte del expediente público del conflicto. Pero también es importante notar que esa defensa no desactivó lo esencial: el estallido fue tan profundo que el problema dejó de ser una interna de oficina para convertirse en discusión pública sobre la forma en que se financian y se administran los medios digitales.

Lo verdaderamente elocuente es la coincidencia temporal. Apenas tres días antes, el 23 de junio de 2026, distintos medios informaron que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había preadjudicado el gerenciamiento técnico, operativo y comercial del Canal de la Ciudad a Cale Group Media S.A., empresa presidida por Augusto Marini. LA NACION lo publicó ese mismo día: Jorge Macri avanzó con la concesión y la asignó a la firma del dueño de Blender y socio de Daniel Parisini, el Gordo Dan. Noticias Urbanas y Pura Ciudad agregaron los números de la oferta: 50 millones de pesos mensuales, es decir 3.000 millones a lo largo de los cinco años de contrato, bastante por encima de la propuesta alternativa de Argentinos Media S.A., que ofertó 15 millones mensuales pero quedó afuera por cuestiones documentales.

La secuencia no puede pasarse por alto. Mientras una de sus empresas era cuestionada por conflicto salarial y despidos, otra empresa del mismo grupo se encaminaba a quedarse con el control operativo de una señal pública de la Ciudad. La contradicción es política antes que moral: un empresario que se presenta como representante de modernidad y eficiencia aparece administrando medios con métodos laborales que recuerdan a lo peor de la vieja industria y, al mismo tiempo, expande posiciones sobre infraestructura comunicacional estatal.

La expansión no se limita a los medios. El 30 de mayo de 2026, LA NACION informó que Motora Argentina S.A., parte del holding Cale Group, obtuvo una contratación de 3,8 millones de dólares con Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado bajo la modalidad de “contratación directa por compulsa abreviada por emergencia ferroviaria”. El artículo agregó que no se trataba del primer negocio público de esa firma, que ya había recibido otra adjudicación en 2024. IProfesional retomó esos datos el 26 de junio y los puso en contexto con otras ramas del holding: salud, energía, infraestructura y estaciones de servicio. El mismo medio subrayó que el crecimiento de Marini coincidía con una mayor centralidad del Estado como actor económico en varias de sus actividades.

Otra vez conviene precisar. Que un empresario gane una licitación o una compulsa no equivale automáticamente a probar favoritismo. Los funcionarios y las empresas involucradas tienen derecho a defender la legalidad de cada proceso. De hecho, LA NACION consignó que desde Operadora Ferroviaria dijeron que Motora había resultado adjudicataria por mejor precio. El propio Marini, según distintas entrevistas citadas por medios nacionales, también negó una relación privilegiada con el Gobierno y rechazó sospechas de favoritismo. Pero una cosa es reconocer esa negación y otra muy distinta es ignorar el cuadro completo. Y el cuadro completo muestra otra cosa: una acumulación veloz de contratos, concesiones y presencia estatal alrededor del mismo grupo empresario que, en paralelo, estalla en un conflicto laboral dentro de su unidad de medios.

Ahí aparece la incongruencia económica más fuerte del caso Blender. Cuando el canal vivía una crisis por salarios y despidos, su empresa madre o su propietario de referencia no estaban precisamente replegados ni en retirada. Por el contrario: en esos mismos días se hablaba de la concesión del Canal de la Ciudad, de contratos ferroviarios millonarios y de la proyección de Cale Group como holding multisectorial. El problema ya no es solo la distancia entre el discurso cool del streaming y la realidad patronal. El problema es que esa distancia convive con un proceso de acumulación sostenido, mientras la variable de ajuste vuelve a ser el trabajo periodístico, técnico y de producción.

Tiempo Argentino lo formuló con crudeza en su cobertura del 26 de junio: lo que se vio en Blender también ocurre en radios y televisión, donde dueños de medios sostienen salarios de pobreza mientras se venden indignados por la degradación del oficio. La frase molesta porque acierta. El streaming quiso presentarse como la frontera amable del nuevo ecosistema mediático, pero cuando se abren los números y aparecen los conflictos, las recetas son conocidas: flexibilización, ajuste y disciplinamiento puertas adentro; discurso de innovación y expansión hacia afuera.

El caso además interpela a la política pública. ¿Qué significa que un grupo cuya señal atraviesa un conflicto laboral de este tipo quede al mismo tiempo en carrera o directamente beneficiado para operar medios estatales? ¿Qué clase de criterio de interés público organiza esas decisiones? La pregunta no es caprichosa, porque la comunicación no es un negocio cualquiera. Manejar pantallas, radios o canales públicos supone intervenir sobre la circulación de información, cultura y agenda. Si la vara para medir a esos grupos es únicamente la capacidad de poner plata o de ofertar un canon más alto, el riesgo es evidente: la esfera pública termina administrada por holdings capaces de monetizar influencia, no por proyectos comprometidos con derechos laborales, pluralidad o calidad informativa.

La defensa empresarial suele decir que sin inversión no hay medios posibles. Es cierto, hasta cierto punto. Pero también es cierto lo contrario: sin trabajo periodístico, técnico y artístico no hay streaming que aguante, por más capital que haya detrás. La escena de Sargenti cortando el vivo mostró precisamente eso. Mostró que la mercancía principal de Blender no es la marca, ni la oficina, ni el holding, sino la gente que pone el cuerpo al aire y detrás de cámara. Y mostró además algo todavía más incómodo para los dueños: que cuando esa gente decide hablar, el relato corporativo se resquebraja rápido.

Por eso el conflicto de Blender importa más allá de Blender. Porque condensa una pregunta central del presente argentino: quién se queda con los negocios de la palabra y bajo qué condiciones laborales se produce esa palabra. Si la expansión de los nuevos medios se hace sobre salarios discutidos, despidos y grupos empresarios cada vez más enlazados con contratos públicos, la novedad se vuelve bastante relativa. Cambia el envase, cambian los decorados, cambian las plataformas. Pero la lógica profunda sigue siendo dolorosamente familiar.