La Justicia anuló el DNU de Milei que le daba a Migraciones la ciudadanía argentina
Publicado: 02 / 07 /2026
La Cámara Nacional Electoral le puso un freno al DNU 366/2025 y anuló la parte que trasladaba a la Dirección Nacional de Migraciones la potestad de otorgar la ciudadanía argentina. El fallo volvió a dejar en manos del Poder Judicial una competencia histórica y le marcó al Gobierno un límite claro sobre hasta dónde puede avanzar por decreto.
El caso tiene impacto institucional y también político. La decisión cuestiona el argumento oficial de que la reforma era solo una medida administrativa para ordenar trámites, porque los jueces entendieron que la ciudadanía toca derechos políticos y, por lo tanto, exige un tratamiento legislativo. En otras palabras: el Ejecutivo no podía saltarse al Congreso para rediseñar ese sistema por la vía rápida de un DNU.
Qué dijo la Cámara
La Nación, Clarín e Infobae coincidieron en los puntos centrales del fallo: no había una urgencia excepcional que justificara esquivar el trámite ordinario, la materia está conectada con el ejercicio de derechos políticos y la Constitución no habilita al Ejecutivo a legislar en ese terreno por decreto. El tribunal además ordenó que el trámite de ciudadanía continúe bajo el régimen legal vigente y que el criterio quede unificado para todo el fuero electoral.
El Gobierno, según La Nación, ya prepara la apelación ante la Corte Suprema. Esa jugada abre una nueva batalla jurídica, pero no cambia el dato político de fondo: Milei intentó mover una pieza sensible de la arquitectura estatal y la Justicia le recordó que, cuando la discusión toca derechos y competencia legislativa, el margen para el atajo es mucho más estrecho de lo que la Casa Rosada imaginaba.
Lo que deja el fallo
- La potestad para otorgar la ciudadanía sigue en el ámbito judicial, no en Migraciones.
- El decreto queda frenado en lo relativo a ciudadanía, aunque el resto de la discusión migratoria sigue en pie.
- El Gobierno se prepara para llevar el caso a la Corte Suprema.
- La sentencia refuerza el criterio de que los derechos políticos no pueden reordenarse por simple decreto.
En un clima de puja permanente entre el Ejecutivo y los otros poderes del Estado, el fallo suma un nuevo capítulo a la serie de frenos institucionales sobre la agenda libertaria. No resuelve el debate migratorio, pero sí redefine quién puede hacerlo y por qué camino.
