La Justicia le devolvió a los jueces la decisión sobre la ciudadanía y frenó el decreto de Milei
Publicado: 17 / 07 /2026La Cámara Nacional Electoral declaró inválido el decreto que había quitado a los jueces la facultad de otorgar la ciudadanía por naturalización y le devolvió esa competencia al Poder Judicial. El fallo golpea una de las reformas más sensibles del paquete migratorio impulsado por Javier Milei y vuelve a poner en discusión hasta dónde puede avanzar el Ejecutivo por decreto cuando toca derechos políticos.
La decisión alcanzó al Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que había transferido esa atribución a la Dirección Nacional de Migraciones y endurecido varios requisitos para los extranjeros que buscaban nacionalizarse. El tribunal consideró que la materia está atada al ejercicio de derechos electorales y, por lo tanto, requiere el trámite institucional correspondiente en el Congreso.
Qué cambia con el fallo
Desde ahora, la potestad para resolver los pedidos de ciudadanía vuelve al esquema que regía históricamente en la Argentina, con jueces federales con competencia electoral al frente del trámite. El decreto también había restringido el acceso a salud y educación para residentes no permanentes y había endurecido las condiciones de residencia continua para tramitar la naturalización.
La causa se originó en el caso de un ciudadano chino radicado en Entre Ríos, que había pedido la ciudadanía y terminó beneficiado por el fallo. Para los camaristas, el Gobierno no acreditó una emergencia excepcional que justificara cambiar por decreto una regla que forma parte del sistema político y no de la mera administración migratoria.
El impacto político
El revés judicial se suma a otras tensiones abiertas entre la Casa Rosada y distintos frentes institucionales. Milei viene insistiendo en que su programa necesita reformas rápidas y menos trabas, pero este fallo marca un límite nítido: si el cambio toca el núcleo de los derechos políticos, la vía rápida por decreto no alcanza.
Además, la resolución le devuelve visibilidad a un tema que el oficialismo había presentado como una modernización administrativa, pero que terminó transformándose en una discusión constitucional de fondo. La sentencia vuelve a mostrar que, en Argentina, el terreno migratorio también es terreno político.
