Cuando el antiterrorismo mira hacia adentro: el riesgo de criminalizar protesta, identidad y disenso

La parte más delicada de la estrategia antiterrorista 2026 de Estados Unidos no está sólo en lo que dice sobre carteles, ISIS, Al Qaeda o Irán. Está en lo que dice sobre el frente interno. El documento de la Casa Blanca incluye entre sus prioridades la rápida identificación y neutralización de “grupos políticos seculares violentos” cuya ideología describe como antiestadounidense, radicalmente pro-transgénero y anarquista. También menciona a anarquistas y antifascistas dentro de una categoría de “extremistas violentos de izquierda”. La palabra clave debería ser “violentos”. Pero el riesgo democrático aparece cuando esa palabra queda rodeada por etiquetas ideológicas amplias, identitarias o culturales que pueden convertir la vigilancia estatal en una herramienta contra la protesta y el disenso.

En derechos humanos, la distinción entre acto violento e idea radical no es un detalle técnico. Es el corazón de la libertad política. Una democracia puede investigar delitos, perseguir amenazas concretas, prevenir ataques y sancionar a quienes organizan violencia. Lo que no puede hacer, sin dañar su propio fundamento, es tratar una identidad, una corriente ideológica, una crítica al gobierno o una causa social como si fueran por sí mismas indicios de terrorismo. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce libertad de pensamiento, conciencia y religión; libertad de opinión y expresión; libertad de reunión y asociación pacíficas. Esas libertades no protegen sólo discursos cómodos o mayoritarios. Protegen especialmente aquellos que incomodan al poder.

El documento oficial intenta establecer un límite cuando afirma que las capacidades antiterroristas no serán utilizadas para perseguir a estadounidenses que simplemente discrepen con el gobierno. Esa frase es importante. Pero el resto del texto tensiona ese compromiso al denunciar una supuesta weaponization previa de la comunidad de inteligencia y al presentar determinadas corrientes como amenazas casi orgánicas. En un contexto polarizado, ese tipo de lenguaje puede habilitar un clima político en el que la sospecha cae sobre redes activistas, organizaciones de derechos, colectivos estudiantiles, grupos antirracistas, espacios feministas o personas trans que no tienen relación alguna con violencia.

La organización Charity & Security Network, dedicada al impacto de las políticas de seguridad sobre la sociedad civil, publicó un análisis crítico de la estrategia y sostuvo que el documento profundiza una campaña contra organizaciones progresistas en nombre de la lucha antiterrorista. Su advertencia no implica negar que puedan existir actos violentos cometidos por individuos con distintas motivaciones ideológicas. El punto es otro: las categorías vagas, como “anti-American”, dejan demasiado margen para que autoridades policiales o de inteligencia decidan quién entra en el mapa de la amenaza. En materia de libertades, la vaguedad suele ser peligrosa porque vuelve imprevisible el alcance del castigo o la vigilancia.

La historia reciente ofrece ejemplos suficientes. Después del 11 de septiembre, Estados Unidos y otros países desarrollaron listas de vigilancia, programas de infiltración, controles migratorios reforzados y detenciones bajo estándares excepcionales. Muchas de esas medidas se justificaron como respuestas a peligros reales. Pero también hubo comunidades musulmanas sometidas a sospecha generalizada, detenidos sin debido proceso suficiente, vigilancia expansiva y zonas enteras de la vida civil colocadas bajo mirada de seguridad. El aprendizaje democrático debería ser claro: cuando el Estado crea herramientas extraordinarias, rara vez quedan confinadas al caso excepcional que las originó.

La Oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo sostiene que todas las medidas antiterroristas deben cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho de los refugiados. Eso no es una recomendación decorativa. Es una exigencia para evitar que la lucha contra amenazas reales termine produciendo nuevas violaciones. En la práctica, significa que una investigación debe partir de conductas y evidencias, no de identidades; que las restricciones a derechos deben ser legales, necesarias y proporcionales; que toda persona afectada debe tener posibilidad de revisión; y que periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones humanitarias no deben ser castigados por trabajar en temas sensibles.

El punto más inquietante del documento es la mezcla entre violencia, ideología y rasgos identitarios. La mención a posiciones “radicalmente pro-transgender” dentro de una estrategia antiterrorista no puede leerse como una frase neutra. En un clima global donde los derechos de las personas trans están bajo disputa política, colocar esa expresión en un marco de seguridad nacional puede producir un efecto de estigmatización. Aun si el gobierno sostiene que apunta sólo a individuos violentos, el lenguaje importa porque orienta prioridades burocráticas, incentivos policiales y percepción pública. En democracia, ninguna identidad debe transformarse en factor de sospecha estatal.

La libertad de expresión también queda en juego. Las sociedades libres necesitan margen para discursos duros, consignas incómodas, denuncias contra gobiernos y movilización callejera. Esa libertad no cubre amenazas concretas, planificación de ataques ni incitación directa a violencia inminente. Pero sí cubre crítica radical al orden existente, denuncia de abusos policiales, oposición a políticas migratorias, defensa de minorías y organización comunitaria. Si el antiterrorismo no separa de manera quirúrgica esas dimensiones, puede convertir la prevención en silenciamiento.

Just Security, al comentar el trabajo del Relator Especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, destacó riesgos recurrentes en el campo global: medidas administrativas que restringen libertades, vigilancia masiva, impacto sobre espacio cívico, detenciones prolongadas y falta de reparación por abusos cometidos bajo la bandera de la seguridad. Esas preocupaciones encajan con el debate actual. Una política que promete neutralizar amenazas antes de que golpeen debe ser especialmente transparente sobre cómo define amenaza, qué controles tiene y qué vías de defensa ofrece.

La protesta social es otro terreno sensible. En muchas democracias, manifestaciones masivas pueden incluir episodios aislados de violencia, daños o enfrentamientos. Eso no convierte a todo un movimiento en organización terrorista. El derecho internacional distingue entre responsabilidades individuales y culpabilidad colectiva. Si una persona comete un delito, corresponde investigarla y juzgarla. Si una organización planifica ataques, corresponde probarlo. Pero ampliar la categoría a redes difusas por afinidad ideológica abre una puerta peligrosa: la de castigar la pertenencia, la simpatía o la expresión antes que el acto.

Desde América Latina, esta discusión resuena con fuerza. La región conoce doctrinas de seguridad que presentaron la disidencia como enemigo interno. Conoce archivos, vigilancia, persecución política y uso de categorías amplias para justificar restricciones. También conoce violencia real, crimen organizado y grupos que atacan a civiles. Precisamente por esa memoria doble, el estándar democrático debe ser exigente: ni ingenuidad frente a amenazas, ni carta blanca para que el poder decida quién es enemigo por su ideología.

Una estrategia antiterrorista respetuosa de libertades debería incluir salvaguardas explícitas para protesta pacífica, periodismo, defensa de derechos humanos, actividad sindical, organizaciones religiosas y trabajo humanitario. Debería prohibir perfilamiento por raza, religión, nacionalidad, identidad de género u opinión política. Debería exigir autorización judicial para vigilancias intrusivas, auditorías independientes, publicación de datos agregados y reparación para personas incluidas erróneamente en listas o investigaciones. También debería explicar cómo se evitará que la cooperación internacional exporte etiquetas dudosas a otros países con instituciones más débiles.

El documento de la Casa Blanca no desarrolla con suficiente densidad esas garantías. Su tono prioriza fuerza, ofensiva, neutralización y restauración de autoridad. Esa decisión editorial y política no es menor. En seguridad nacional, lo que no se dice también importa. Si un Estado enumera enemigos con detalle pero dedica poco espacio a mecanismos de control, el equilibrio entre poder y derechos queda desplazado.

La defensa de los derechos humanos no exige desconocer a las víctimas de terrorismo ni minimizar riesgos. Exige que el dolor social no sea usado para convertir la excepción en regla. Exige recordar que el Estado tiene más poder que cualquier individuo bajo investigación y, por eso, debe cargar con más obligaciones. Exige que el miedo no defina por sí solo el perímetro de la libertad.

La estrategia 2026 puede ser leída como un intento de reorganizar prioridades antiterroristas de Estados Unidos. Pero también debe ser leída como una señal para la sociedad civil: el lenguaje de seguridad vuelve a mirar hacia adentro. La respuesta democrática no debería ser negar el problema de la violencia política, sino exigir precisión. Si hay violencia, que se pruebe. Si hay delito, que se investigue. Si hay amenaza, que se controle judicialmente. Pero si hay protesta, identidad, pensamiento crítico o disenso, la respuesta no puede ser antiterrorismo. Debe ser más democracia.

Esta nota se elaboró a partir del documento oficial de la Casa Blanca y fuentes públicas de contraste sobre derechos humanos, seguridad y libertades civiles: www.whitehouse.gov, charityandsecurity.org, www.un.org, www.un.org, www.aclu.org, www.justsecurity.org.