AySA entra en etapa de privatización y el Gobierno licita la venta del 90% estatal
Publicado: 06 / 06 /2026El Ministerio de Economía puso en marcha la licitación pública nacional e internacional para transferir a un operador estratégico el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos. La decisión abre una discusión política sensible por tarifas, inversiones y control de un servicio esencial.
La privatización de AySA ingresó en una fase concreta. A través de la Resolución 704/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional lanzó el proceso para vender el paquete accionario estatal de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, la empresa que presta servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del conurbano bonaerense.
El esquema prevé la transferencia del 90% de las acciones que hoy controla el Estado nacional a un operador estratégico privado. El 10% restante corresponde al Programa de Propiedad Participada de los trabajadores, que se mantiene dentro de la estructura societaria.
Una venta con impacto político y social
El Gobierno sostiene que la privatización forma parte del proceso de reforma del Estado iniciado con la Ley Bases. En la argumentación oficial, la operación no apunta solo a cambiar la titularidad de las acciones, sino a producir una transformación del servicio, atraer inversiones y reducir la participación estatal en empresas consideradas no prioritarias.
La discusión pública, sin embargo, no se limita al plano fiscal. AySA administra una prestación básica y de alcance metropolitano: agua potable y saneamiento. Por eso, legisladores opositores y especialistas vienen reclamando precisión sobre el valor de la empresa, las obligaciones de inversión, las garantías para usuarios y el rol que conservará el Estado como regulador.
El punto más sensible será el equilibrio entre inversión y tarifas. Si el futuro operador asume compromisos de obra, deberá quedar claro cómo se financiarán, qué control tendrá la autoridad regulatoria y qué protección existirá frente a aumentos que impacten sobre hogares y comercios.
El Congreso, atento al proceso
La privatización de AySA puede convertirse en una de las pruebas políticas más importantes del programa de desinversión estatal. Aunque el Ejecutivo tiene respaldo normativo para avanzar, la oposición buscará instalar pedidos de informes y controles sobre los pliegos.
El caso también será observado por gobernadores, intendentes y usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires. Cualquier modificación en obras, calidad del servicio o tarifas tendrá consecuencias directas en distritos densamente poblados.
La licitación marcará hasta dónde puede avanzar la Casa Rosada con su agenda privatizadora sin abrir un conflicto mayor. En un año legislativo intenso, AySA combina economía, servicios públicos y política territorial en una misma pulseada.
Fuentes consultadas
- Boletín Oficial de la República Argentina: Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía.
- Estudio O’Farrell: análisis legal del llamado a licitación nacional e internacional.
- AySA: documentación pública sobre el proceso y antecedentes regulatorios.
- Infobae: seguimiento político y económico de privatizaciones.
