¿Expansión de Opciones o Control del Bolsillo Familiar?

En la vorágine del debate político de 2023, la propuesta de Javier Milei de implementar un sistema de vouchers educativos fue presentada como un faro de libertad para las familias argentinas. Con la promesa de trasladar recursos directamente a los hogares, el discurso apelaba a la autonomía en la elección educativa. Pero, un año después de su implementación, urge analizar el verdadero impacto de esta política en un sistema educativo ya marcado por complejidades y contradicciones.

Uno de los datos más sorprendentes que a menudo queda relegado es que el sistema educativo privado argentino recibe desde hace décadas un respaldo estatal considerable. Los gobiernos provinciales financian escuelas privadas, principalmente a través de salarios docentes, lo que, aunque presentado como un subsidio a la oferta, afecta de manera directa la demanda. Este mecanismo ya no es una novedad; es una característica estructural del sistema educativo, que ha permitido a un buen número de familias acceder a la educación privada.

Actualmente, aproximadamente el 22% de los estudiantes de Argentina asiste a escuelas privadas subvencionadas nutricionalmente por el Estado. En términos tangibles, por cada 100 pesos que se destinan a un alumno de escuela pública, el Estado asigna alrededor de 55 pesos a uno del sector privado con subvención, siendo este un factor que varía significativamente entre provincias. Sin embargo, esta dinámica ha fortalecido no solo la accesibilidad, sino también la segmentación social: el subsidio ayuda a disminuir costos, pero no normaliza las condiciones de elección.

En este contexto, el programa de Vouchers Educativos no es una ruptura radical del modelo existente; más bien, se suma a él. En contraposición al subsidio tradicional a la oferta, el voucher representa un financiamiento explícito de la demanda, con el Gobierno Nacional transfiriendo recursos directamente a las familias. Este diseño específico alcanza a hogares con ingresos de hasta siete salarios mínimos donde los hijos asisten a escuelas que ya reciben alto aporte estatal, cubriendo apenas una parte de la cuota escolar. Para 2024, se señala que más de 800.000 estudiantes se beneficiarán con este programa.

Entonces, ¿qué significa esto en términos reales de elección escolar? Más que un reordenamiento de la matrícula, el voucher actúa como una herramienta de contención. Aliviando los costos de una institución a la que la familia ya acude, disminuye el riesgo de que estudiantes sean forzados a regresar al sistema estatal por el aumento en aranceles. Sin embargo, no garantiza que las familias de menores ingresos tengan acceso por primera vez a la educación privada ni que puedan optar por instituciones con escaso o nulo aporte estatal. El panorama de opciones sigue siendo limitado.

Por esto, el verdadero debate no radica en si el Estado puede o debe financiar la demanda; esto ya ha ocurrido durante años de forma indirecta. Lo que se impone es una discusión sobre cómo se articulan los diferentes instrumentos de financiamiento y bajo qué criterios de equidad. Hoy coexisten, sobre el mismo universo de escuelas privadas subvencionadas, dos lógicas estatales: una provincial, de larga trayectoria, y otra nacional, que ha surgido recientemente. Esta superposición carece de un diseño integrado y de una estrategia clara a largo plazo.

Más que sumar programas, el verdadero desafío se presenta en reordenar la participación del Estado en la educación. La coordinación con las provincias, la claridad en las responsabilidades y la transparencia en la asignación de recursos son pasos urgentes, antes que seguir aumentando capas de subsidios que, sin un enfoque claro, podrían hacer del voucher solo un remedio temporal, incapaz de modificar la estructura del sistema educativo argentino.