Garavano tomó distancia de la Corte en el 2×1 y de la designación de jueces por decreto

El exministro de Justicia macrista Germán Garavano tomó distancia en el Congreso del fallo del 2×1 de la Corte Suprema a favor del represor Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidad, al afirmar que “no corresponde” ese cómputo en ese tipo de delitos o “donde hubo violaciones o asesinatos”, y reveló que tuvo “diferencias” con la designación por decreto de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en el máximo tribunal.

Garavano hizo estas revelaciones al declarar como testigo ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde se tramita el proceso contra los cuatro jueces de la Corte Suprema nacional, acusados de mal desempeño.

El exministro fue citado por el organismo parlamentario, que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos), para exponer sobre el fallo del 2×1 (el cómputo doble por cada día de detención sin juicio) emitido por la Corte en 2017 en favor del represor Muiña, y que integra uno de los expedientes acusatorios contra los ministros del máximo tribunal.

Previo al testimonio del exfuncionario declaró la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien sostuvo que el fallo Muiña “desnudó un profundo cinismo” de los integrantes de la Corte porque esa decisión “favoreció a los responsables de los crímenes más atroces”.

Al comenzar su testimonio, Garavano aclaró que no podía responder algunas consultas ya que tenía una causa judicial promovida por diputados del FdT y “esto genera un problema con el artículo 18 de la Constitución Nacional y me pone en una situación difícil a la hora de prestar testimonio”. Aclaró que no tiene “con los jueces de la Corte una situación de amistad que afecte mi testimonio”.

De todos modos, eludió responder varias consultas de los legisladores oficialistas Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, quienes realizaron incisivas consultas al exministro sobre los vínculos que tenía con el exfuncionario y exoperador judicial macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y con la exjueza de la Corte Elena Higton de Nolasco. Allí no faltaron algunos cruces entre legisladores oficialistas y opositores sobre el “negacionismo” de los crímenes de la dictadura militar.

Sobre Rodríguez Simón, Garavano dijo: “No tengo claro si era asesor del Presidente, lo he visto varias veces, pero yo no le pregunto a la gente qué hace acá”.

Gavarano admitió que tuvo “discusiones en términos de los procesos de designación de los jueces” al referirse al nombramiento por decreto de Rosenkrantz y Rosatti” por parte de Macri en 2016, quienes luego de una fuerte polémica fueron ratificados por el Congreso.

Garavano intentó desligarse de esa decisión y destacó que luego “trabajó fuertemente para lograr la aprobación (de los pliegos) en el Senado”, donde se dio “un proceso democrático y participativo”.

Sobre el fallo Muiña, dijo que “más allá de que respeto la independencia del Poder Judicial no correspondía ni corresponde el 2×1 no solo en los casos de lesa humanidad, sino en delitos por violación o asesinato. Es una norma que yo critiqué siempre“. Pero aclaró que la decisión de la justicia “no se la podemos asignar a un Gobierno”.

Dijo que “disentía con muchas decisiones de la Corte, pero esa es la esencia de la democracia, ya que si cometieron algún delito o violaron la ley está muy bien que avance el juicio político, pero no por el contenido de sus fallos, eso no es parte de la democracia”.

Al ser consultado sobre si había conversado con Higton de Nolasco sobre el fallo Muiña, el dirigente macrista señaló que “nunca hablé con la doctora Highton del caso Muiña, en general no hablé de ningún caso” y también negó haber hablado el tema con Rodríguez Simón o José Torello, quien fue jefe de asesores de Macri antes de ser senador nacional del PRO.

También negó haber dado instrucciones al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Pedro Diez, para indicarle qué medida debida tomar sobre el amparo presentado por Highton (para permanecer como jueza de la Corte pese a superar los 75 años de edad) y dijo que se enteró del fallo Schiffrin “cuando se conoció” esa resolución que, justamente, le permitió al juez platense Leopoldo Schiffrin permanecer en el cargo más allá de esa edad.

Es que también se intenta dilucidar si la decisión de no apelar el fallo que le permitía a Highton de Nolasco seguir en sus funciones más allá de los 75 años que establece la Constitución está vinculada con el voto favorable de la exjueza en el caso Muiña.

En otro tramo de su exposición Garavano también dijo que “mantenía reuniones formales con la Corte donde hablaba sobre el Presupuesto y alguna vez sobre (el Impuesto a las) Ganancias”, pero señaló que “no recuerda haber ido por el Consejo de la Magistratura”.

Moreau también le recordó las “duras imputaciones” vertidas por el extitular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA Mario Cimavedilla, quien lo acusó de “buscar la impunidad de los exfiscales Eamon Müllen y José Barbaccia”, que fueron acusados de anomalías en la investigación del ataque a la mutual judía perpetrado en 1994.

En ese sentido, Garavano dijo que “Cimavadella cuando se quedó sin trabajo realizó una denuncia penal que fue desestimada por la justicia”, porque sus declaraciones, dijo, “son falsas”.

Consultado además si se había reunido con el testigo protegido Leonardo Fariña -quien fue condenado por lavado de dinero y declaró en una causa contra la expresidenta Cristina Kirchner- para negociar una supuesta reducción de la pena, Garavano dijo que fue “largamente investigado en la Justicia, lo investigó (el fiscal) Federico Delgado, después de dos años concluyó que esto no era así como usted lo plantea. Todas sus afirmaciones son incorrectas o falsas”.

Otros declarantes de la jornada

En el último tramo de la reunión de la comisión declararon los periodistas Silvana Boschi -exeditora de Clarín, autora del libro “Los secretos de la Corte”-, Martín Granovsky, Irina Hauser y Luciana Bertoia (Página 12) e Ignacio Miri (Clarín).

Además, Estela de Carlotto leyó un escrito de varias páginas en el que detalló varias decisiones de la Corte que afectaron a los organismos de derechos humanos, y dijo que su abogado respondería las preguntas de los diputados.

En el escrito Carlotto precisó que “en mayo de 2020, el ministro Rosenkrantz convocó a una reunión. Desde Abuelas decidimos no asistir; tan cierta fue nuestra sospecha, que luego de esa reunión no hubo ninguna medida o acción concreta”.

Además, calificó al fallo Muiña como un “intento de golpe a la lucha de víctimas y familiares” y dijo que “desnudó un profundo cinismo por parte de Rosatti, Rosenkrantz y Highton, ya que el resultado que propugnaron en ‘Muiña’, además de la absurda aplicación de la ley 24.390 (plazos de prisión preventiva), lo adscribieron al retraso en la tramitación de las causas, ya sea de los juicios en curso como de las instancias recursivas pendientes en todas las instancias judiciales de las cuales la propia Corte es cúspide”.