La Justicia anuló el DNU de Milei sobre ciudadanía y el Gobierno irá a la Corte para sostenerlo
Publicado: 06 / 07 /2026
La Cámara Nacional Electoral declaró nulo el DNU con el que Javier Milei había intentado trasladar a la Dirección Nacional de Migraciones la potestad de otorgar la ciudadanía argentina a extranjeros. El Gobierno ya anticipó que llevará el caso a la Corte Suprema para sostener la reforma, una de las más sensibles del decreto migratorio.
El fallo de la Justicia volvió a poner límites al intento del Ejecutivo de mover atribuciones que, según el tribunal, no podían salir de la órbita judicial por simple decreto. La discusión no es menor: la ciudadanía impacta en derechos políticos, en el acceso al voto y en el esquema institucional con el que el Estado argentino tramita la naturalización de extranjeros desde hace décadas.
La Cámara entendió que no había una urgencia excepcional que justificara una decisión de esa magnitud por vía de DNU y que, además, el contenido de la norma tocaba materias vedadas al Poder Ejecutivo. En otras palabras: el Gobierno quiso resolver por decreto algo que, en los hechos, requería una discusión legislativa.
Qué cambia con el fallo
- La ciudadanía vuelve a tramitarse en el ámbito judicial.
- Migraciones pierde la facultad que le había dado el decreto.
- La resolución afecta una parte central del paquete migratorio firmado por Milei en 2025.
- El Gobierno prepara la apelación para que intervenga la Corte Suprema.
El caso también tiene un costado político claro. Milei había endurecido su discurso migratorio en una etapa donde buscaba mostrarse más firme en el control del Estado, pero el freno de la Cámara Electoral le recordó al oficialismo que no todo puede resolverse con la herramienta del decreto. En paralelo, la oposición leyó el fallo como una señal de que el Ejecutivo sigue empujando los límites constitucionales.
La apelación a la Corte abre ahora un nuevo capítulo. Mientras tanto, la ciudadanía argentina seguirá tramitándose como lo viene haciendo históricamente, con la Justicia en el centro del expediente y no con un organismo administrativo bajo control del Poder Ejecutivo.
