Ley de lobby: organizaciones civiles pidieron cambios al proyecto oficial en Diputados

El debate sumó respaldos, advertencias y pedidos de precisión

La Cámara de Diputados volvió a discutir el proyecto de ley de lobby impulsado por el Gobierno, en una reunión informativa donde organizaciones civiles y entidades sectoriales reclamaron cambios para evitar definiciones demasiado amplias y sanciones confusas.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, encabezado por el diputado Nicolás Mayoraz, continuó el tratamiento del Régimen de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses. La iniciativa busca ordenar la actividad de quienes realizan gestiones ante funcionarios y legisladores, crear registros públicos y fijar obligaciones de trazabilidad.

Según la comunicación oficial de Diputados, en la reunión hubo exposiciones de Argencon, Fundar, ADIMRA, CRA, FIC Argentina, Aves Argentinas, Jóvenes por el Clima, Vida Silvestre y otras organizaciones. El punto común fue que la transparencia aparece como un objetivo compartido, pero el texto todavía abre discusiones sensibles sobre el alcance de la figura de gestor de intereses, el tratamiento de organizaciones sociales y empresariales, y el tipo de sanciones previstas.

Leandro Mora Alfonsín, de Argencon, respaldó la búsqueda de trazabilidad en el vínculo entre sector público y actores privados, aunque pidió que las observaciones sean incorporadas durante el debate. En sentido crítico, Martín Reydó, de Fundar, advirtió que el proyecto puede partir de una presunción demasiado amplia sobre quién debe ser considerado lobista.

También hubo objeciones de entidades productivas. Desde ADIMRA marcaron preocupación por la definición de gestión de intereses, la figura del beneficiario individual y la penalización vinculada a intereses extranjeros, un punto que, según sus representantes, podría afectar acciones de cooperación técnica o educativa.

Qué se juega en el Congreso

La regulación del lobby es una deuda institucional recurrente en la Argentina. El desafío legislativo es separar la gestión legítima de intereses de prácticas opacas, sin desalentar la participación de universidades, cámaras empresarias, sindicatos, organizaciones ambientales o entidades civiles que intervienen en discusiones públicas.

El oficialismo busca mostrar el proyecto como una herramienta de transparencia. Sin embargo, las críticas recogidas por Parlamentario y otros medios especializados muestran que el texto todavía necesita acuerdos técnicos si quiere llegar al recinto con respaldo amplio.

Fuentes consultadas

• Honorable Cámara de Diputados: reunión informativa del 17 de junio de 2026 sobre gestión de intereses.
• Parlamentario: cobertura del debate y rechazos al proyecto oficial.
• Ámbito: antecedentes sobre las alertas de organizaciones civiles frente a la iniciativa.