Netanyahu invocó a monstruos que amenazan a Israel

Al regresar este lunes 9 de un viaje a Europa, el ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki, debió hacer cola en la frontera de Jordania con el territorio palestino, después de que Israel lo despojara de su visa diplomática. El día anterior el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, transfirió a víctimas israelíes del terrorismo 40 millones de dólares de fondos palestinos confiscados. Con estas medidas el nuevo gobierno israelí aplicó las decisiones del Gabinete de Seguridad del 5 de enero. En paralelo a la ofensiva antipalestina el ministro de Justicia Yariv Levin (Likud) presentó la semana pasada su plan de reformas para someter el poder judicial a la voluntad de la mayoría legislativa.

En un contexto regional y mundial que cambia vertiginosamente, la política agresiva del gobierno israelí hacia la autonomía palestina y su radicalización autoritaria amenazan aislar al país en el exterior y fracturarlo en el interior. Desde hace casi treinta años “Bibi” Netanyahu sobrevive en el primer plano de la política mundial gracias a su oportunismo, pero también por su sentido de realidad. ¿Lo mantiene o ya lo perdió?

El primer ministro, de 73 años, asumió el cargo el pasado 29 de diciembre con 63 votos sobre 120 miembros de la Knésset. Al postularse, dijo entonces que las prioridades de su gobierno serían detener el programa nuclear iraní, desarrollar las infraestructuras del Estado y restablecer la seguridad interior y la gobernanza.

Ya desde el inicio de su gestión, la coalición del Likud con cinco partidos de derecha y extremistas busca a la vez anexar Cisjordania y normalizar las relaciones con Arabia Saudita. “El pueblo judío tiene un derecho exclusivo e incuestionable a todas las zonas de la Tierra de Israel”, reza la declaración política del nuevo gabinete. Como primer paso en esta dirección, el gobierno decidió traspasar el control sobre los territorios ocupados de la Administración Civil (dependiente del Ministerio de Defensa) al recién creado Ministerio de Seguridad Nacional. Por esta decisión Cisjordania dejó de ser considerada un territorio ocupado y, al menos la llamada Zona C (un 60% de sus limitados 5.600 kilómetros cuadrados), pasó a ser considerada territorio israelí.

No obstante su agresiva política antipalestina, Netanyahu pretende reactivar los “Acuerdos de Abraham”, que impulsó Donald Trump en 2021, buscando el reconocimiento diplomático de los países de la península arábiga, principalmente de Arabia Saudita. Sin embargo, es difícil que el príncipe heredero y primer ministro saudita Mohamed Bin Salmán (MbS) acepte un pacto que lo malquistaría con la mayoría de los pueblos árabes y lo obligaría a avalar la represión de un probable alzamiento palestino sin beneficio palpable.

Para dar cobertura diplomática a la política anexionista, Eli Cohen e Israel Katz (ambos del Likud) se alternarán como ministros de Asuntos Exteriores, pero las relaciones con la Casa Blanca serán dirigidas por el nuevo ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer (exembajador israelí en Estados Unidos entre 2013 y 2021), un judío norteamericano proveniente del riñón del Partido Republicano, pero que no es trumpista.

Dermer gestionará la relación con EE.UU. junto al veterano del Likud Tzachi Hanegbi, jefe del Consejo de Seguridad Nacional. Así habrá dos ministros de Asuntos Exteriores principales y dos subalternos después de Netanyahu, el único que cuenta. Con este diseño algo extravagante el jefe del gobierno busca compensar los problemas que le acarreará la fáctica anexión de Cisjordania haciendo negocios con sus vecinos árabes reaccionarios y asegurándose el apoyo norteamericano.

Que no le será fácil lo demuestra la última provocación del ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir. El 3 de enero este agitador reaccionario penetró solo, durante una decena de minutos, en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén. La parte musulmana de ese lugar no se haya bajo la jurisdicción de Israel sino de Jordania, su acceso está reservado únicamente a los musulmanes y a las personas de otras religiones invitadas y acompañadas por musulmanes. En sólo cuestión de minutos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Egipto, Francia, Jordania, la Organización de la Cooperación Islámica y Palestina condenaron la acción del ministro israelí.

El Gran Rabino sefardí, Yitzhak Yosef, le escribió inmediatamente recordándole que los grandes rabinos de Israel prohibieron estrictamente esa violación de las reglas de acceso a ese lugar de culto. Por su parte, el Hamas anunció que responderá a esa provocación con una violencia “explosiva”. Con una acción similar, el 28 de septiembre de 2000 el entonces diputado Ariel Sharon provocó el estallido de la segunda Intifada. Éste puede ser el comienzo de la tercera.

La agresiva política exterior del nuevo gobierno se complementa con el giro autoritario que se propone dar a la política interna. Particularmente está generando masivas protestas su propuesta de reforma judicial, que incluye una “ley de anulación” del Tribunal Supremo. Actualmente, el máximo órgano judicial puede derogar total o parcialmente leyes que contradigan las 13 Leyes Fundamentales de Israel adoptadas en 1948 (el país aún no tiene Constitución escrita), en particular la Ley sobre Dignidad y Libertad Humanas. El ministro de Justicia Yariv Levin (Likud) propone ahora una “cláusula de anulación”, que permitiría a una mayoría de 61 diputados volver a promulgar una ley que haya sido descalificada por el Tribunal Supremo.

El plan de reforma judicial también aumenta la cantidad de representantes del Ejecutivo en la comisión que elige a los jueces y permite a los ministros nombrar a sus propios asesores jurídicos, en lugar de los designados por el procurador general. La reforma es cuestionada por sus críticos, porque –aducen- desbalancea el equilibrio entre los poderes y avanza hacia el establecimiento de una “democracia autoritaria”.

Además de estas medidas, Benyamin Netanyahu se comprometió ante sus aliados a retirar de la Ley Fundamental la prohibición de los partidos abiertamente racistas, a financiar públicamente eventos y estructuras que propendan a la separación por sexos, a denegar la prestación de servicios públicos en base a las creencias, a obligar a las autoridades locales a financiar escuelas ultraortodoxas aun si no están controladas por la administración central y a traspasar la atribución de bonos de alimentación al ministerio del Interior con la sola condición de que los beneficiarios no paguen impuestos, es decir, que pertenezcan a los grupos ultraortodoxos. Consecuente con est apolítica, el gobierno anunció que no ratificará la Convención del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica de 2011, la llamada Convención de Estambul, adoptada por 45 Estados y por la Unión Europea.

El programa de la coalición responde a su integración. Además del conservador nacionalista Likud, la integra Noam (un partido que milita contra todas las prácticas y formas familiares que se aparten de la ortodoxia estricta). También forma parte del gobierno Otzma Yehudit, que hizo campaña criticando la “debilidad” policial ante un creciente número de atentados terroristas y que, gracias a la creación de un Ministerio de Seguridad Nacional, consiguió para su líder Itamar Ben Gvir un control sin precedentes sobre la policía.

El nuevo gobierno israelí representa una complicación inoportuna para la política de Joe Biden. Se da cuando los republicanos toman el control de la Cámara de Representantes y están ansiosos por presentar a Biden como hostil a Israel antes de las elecciones presidenciales de 2024.

Imposibilitado de alcanzar por sí mismo una mayoría conservadora, Benjamín Netanyahu ha acordado una coalición con partidos racistas, dictatoriales y expansionistas que amenazan provocar graves crisis internas y externas. Por ello nadie apuesta a la duración de la alianza. La pregunta es si se romperá antes o después de detonar graves explosiones de violencia interna e internacional y si el líder conservador –debilitado por los procesos por corrupción en su contra-, podrá contenerlas.

La Casa Blanca está preocupada por las dimensiones impensadas que ha adquirido la guerra en Ucrania, no sólo por la respuesta rusa sino también por la autonomía que han ganado algunos aliados estratégicos, como Turquía o Arabia Saudita, y no quiere que, por ejemplo, un alzamiento del pueblo palestino acarree la intervención iraní y una eventual guerra entre Tel Aviv y Teherán o que el ejército israelí ataque Líbano y/o Siria y obligue a Irán y Rusia a intervenir, sobre todo en momentos en que la próxima reunión entre los cancilleres de Siria y Turquía, que se celebrará a mediados de este mes en Moscú, liquida a las milicias kurdas (aliadas de EE.UU. e Israel) como actor político y convalida el rol mediador que Rusia ha asumido en Oriente Medio desde la guerra en Siria (2011-). Tel Aviv pactó entonces con Moscú que no invadiría a su vecino árabe, aunque se reservó el derecho de atacar allí objetivos iraníes y de la milicia libanesa Hizbolá.

Si Israel atiza ahora el fuego de un levantamiento palestino, Irán interviene en apoyo de sus aliados y el gobierno reaccionario responde con actos terroristas (como los de recientes meses) o ataques militares, Rusia puede verse obligada a romper el pacto y a autorizar a sus aliados a que contesten la agresión desde la frontera norte de Israel. Se abriría así un nuevo frente en la guerra mundial entre los bloques que obligaría a Estados Unidos a intervenir.

Como si no bastara este panorama, la Casa Blanca observa ansiosa los estrechos vínculos económico-tecnológicos que Israel ha establecido con China. Xi Jinping ha realizado hace pocas semanas un exitoso viaje a Arabia Saudita durante el cual cerró importantes acuerdos económicos y comerciales con ese país y otros de la región. Si Israel normaliza ahora sus relaciones con los jeques de la península, puede potenciar el puerto de Haifa (donde empresas chinas ya han construido una terminal multimodal) como una de las terminales mediterráneas de la Ruta de la Seda y la Franja (BRI). La Casa Blanca apoya la normalización diplomática entre el Estado sionista y sus vecinos meridionales, pero no quiere que China acceda al Mediterráneo.
Además de la política regional de Medio Oriente, hay que considerar la estrecha imbricación entre las políticas internas de EE.UU. e Israel.

Si la Casa Blanca percibe que los extremistas dentro del gobierno de Tel Aviv comienzan a usar en Washington su poder para influir a favor del trumpismo, actuará para sacarlos del gobierno como intervino en Brasil contra Bolsonaro. Esta extensión internacional del conflicto interno norteamericano complica sobre manera la adopción de decisiones estratégicas y diplomáticas.

Al formar su sexto gobierno en veinte años, Benjamin Netanyahu vive un retorno triunfal. Muchos en Israel y en el mundo ya lo daban por muerto político. Sin embargo, para alcanzar la mayoría, ha dado poder a monstruos que lo pueden llevar al infierno. Previsiblemente, el recién inaugurado gobierno israelí entrará rápidamente en crisis y es difícil que la coalición perdure. La pregunta central es quién pondrá coto a la violencia interna y externa que desatarán los incendiarios con trajes de ministros. Difícilmente sea “Bibi”, pero, si él es arrastrado por los demonios que invocó, no hay remplazante de su calibre a la vista. La aventura reaccionaria del sexto gobierno de este flotante permanente puede acabar con una catástrofe regional de alcance mundial.