Pedirán absoluciones en el último alegato del juicio por obra pública en Santa Cruz

 
El juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 se reanudó este martes con el último de los alegatos de las defensas a cargo del abogado Miguel Arce Ageo, quien anticipó que pedirá absolver a los dos ex funcionarios que representa ante “la inexistencia de delitos”

“Nunca los fiscales pudieron demostrar el desvío de fondos, provinciales o nacionales. Objetivamente el delito no está cometido”, sostuvo el abogado Miguel Arce Aggeo, defensor los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibañez, que se encuentran entre los 13 imputados que tiene este proceso oral y público.

En la primera jornada su alegato, que seguirá el próximo lunes 31, Arce Aggeo anticipó que pedirá absoluciones porque en la causa la Fiscalía hizo “imputaciones monstruosas”, de carácter “irreal” sin que se hay probado algún “perjuicio patrimonial” para el Estado.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hicieron ” una construcción errónea” de las acusaciones en su “frondoso alegato”, agregó Arce Ageo en la audiencia iniciada pasadas las 9.30 ante el Tribunal Oral Federal (TOF) número 2.

El letrado, junto a Villafañe y Santibañez, acudieron de manera presencial a los tribunales federales de Retiro, en la sala de audiencias en la que también estaban los integrantes del Tribunal, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

Las restantes partes siguieron el debate por videoconferencia y con la finalización de este alegato, que se producirá la próxima semana, se ingresará en el tramo final del juicio con las réplicas a defensores, si es que la fiscalía solicita realizarlas, y luego habrá un cronograma para que los acusados puedan brindar sus últimas palabras antes del veredicto.

Arce Ageo anticipó que pedirá la absolución de sus dos representados y consideró que “el error más grave” de los fiscales fue que “confundieron los ámbitos de imputación” al “poner el perro delante de los caballos”, graficó.

“Es un error de praxis, tengo que primero acreditar que el delito objetivamente se cometió”, objetó el abogado en relación al trabajo realizado por el funcionarios del Ministerio Público Fiscal en el debate de esta causa.

La fiscalía pidió seis años de prisión para Villafañe, expresidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz (AGVP), como supuesto autor de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública

Para Santibañez, quien tuvo el mismo cargo, solicitó cuatro años de cárcel.

La defensa consideró que los fiscales “no pudieron acreditar bajo ningún punto de vista” que haya habido perjuicio al erario del Estado Nacional, y remarcó que “ningún presidente de la AGVP manejó fondos nacionales”.

En la primera jornada del alegato el abogado se centró en la situación de Villafañe y rechazó “de plano” la acusación en su contra porque se trata de “conclusiones sólo emergentes de las mentes de Luciani y Mola”

“En este juicio por continuar adelante con la realidad planteada, todos los roles fueron subvertidos y los fiscales asumieron el rol directo de peritos”, agregó al cuestionar la pericia que presentaron ingenieros sobre cinco de las 51 obras adjudicadas al también acusado empresario Lázaro Báez y que son centro de la acusación fiscal.

Para Arce Aggeo, sin una pericia contable es “imposible condenar por administración fraudulenta”, y lo comparó con un homicidio donde no puede condenarse sin una autopsia.

“El concepto de defraudación piramidal está destruído. La pirámide de los fiscales está cortada porque la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz “no tienen una relación jerárquica”

“Hay una relación contractual, son dos organismos autárquicos”, observó.

Villafañe “nunca desvió fondos ni perjudicó el patrimonio estatal nacional” porque como funcionario en Santa Cruz “manejó bienes provinciales”

Arce Aggeo entendió que “en su afán de acusar, los fiscales avanzaron creando un Frankestein, una imputación monstruosa, insostenible”

El juicio

En el juicio se debate el supuesto direccionamiento en la adjudicación a empresas del también acusado Lázaro Báez de 51 obras públicas nacionales en Santa Cruz, presuntos sobreprecios e incumplimientos.

En la causa es juzgada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien la fiscalía pidió condenar a 12 años de prisión mientras que su defensa reclamó ya la absolución en su alegato final.

Además, se juzga a Báez, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obra Pública José López, entre otros.