Piden prisión perpetua para cuatro exfuncionarios por el crimen de Benavides en dictadura

La querella de la familia de Heste miércoles ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata que se condene a prisión perpetua a un exministro bonaerense y dos expolicías imputados por el hecho y que cumplan la pena en cárcel común.

Benavides militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) –una agrupación de superficie de la organización Montoneros- y estudiaba derecho en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde fue compañero del expresidente Néstor Kirchner y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Chupete” Benavides, de 22 años, quien además trabajaba en el Departamento de Transmisión Gratuita de Bienes, dependiente del Ministerio de Economía bonaerense, fue asesinado el 30 de septiembre de 1976.

Por el crimen están imputados los expolicías bonaerenses Walter Omar Ale y Juan Nazareno Risso y el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart.

Los expolicías Ramón Carlos Velasco y Carlos Emilio Bordalonga también estaban imputados en el hecho pero ambos fallecieron durante el 2020; mientras que Miguel Etchecolatz, también imputado, murió en el 2022.

“Por todo lo expuesto, solicitamos se condene a Walter Omar Ale y Juan Nazareno Risso a la pena de prisión perpetua como coautores penalmente responsables del homicidio doblemente agravado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas de Horacio Benavides; y a Jaime Lamont Smart a la misma pena como autor mediato”, reclamó el abogado querellante de la familia Benavides, Pablo Llonto.

La querella había comenzado su alegato el miércoles pasado, cuando trazó un perfil del militante y detalló todo el operativo puesto en marcha para su asesinato el 30 de septiembre de 1976, en las calles 12 entre 50 y 51 de La Plata.

“Pedimos tengan en cuenta el asesinato de Horacio Benavides y la historia previa de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas sobre otros militantes hasta que llegaron a Horacio”, pidió el letrado.

También reclamó que se envíe copia de la sentencia al Ministerio de Seguridad bonaerense para que se proceda a la “destitución y al retiro de todo tipo de condecoraciones, premios y pensiones recibidas por estos hechos”, en alusión a los dos expolicías acusados.

Llonto pidió que al dictar sentencia se declare que “este crimen fue cometido en el marco del genocidio que llevó a cabo la última dictadura cívico militar”.

“Pedimos que revoquen la prisión domiciliaria de los imputados y que cumplan la pena en cárcel común”, remarcó.

Antes del pedido de pena, Rodrigo Cano, otro de los abogados de esa querella, detalló los legajos de ambos expolicías donde figuran los ascensos y felicitaciones que recibieron por haber participado en el operativo en el que asesinaron a Benavides.

“Haciendo gala de valentía y excelente disposición para con el cumplimiento del servicio, lograron erradicar del seno de la sociedad a individuos de extrema peligrosidad”, leyó Cano que dice en la resolución donde se dispusieron sus ascensos.

Para el abogado Cano, al asumir en sus funciones, el exministro de Gobierno Lamont Smart conocía “la lucha que llevaban a cabo las Fuerzas Armadas contra la subversión, como ellos mismos reconocían, ocupó el cargo (de ministro) durante 3 años y medio, no eran minucias, sus acciones impulsaban el aparato represivo hacia adelante”.

Recordó varias entrevistas, radiales y escritas, en las que Lamont Smart se congratulaba de la lucha contra la subversión y destacaba el aporte de fondos y hombres a dicha fuerza policial.

“Por su condición de abogado él sabía que todo (lo que hacían las fuerzas policiales) configuraban figuras delictivas graves”, precisó Cano.

En una de esas notas, Smart decía que “había que desenmascarar a los que armaron a la subversión, si no corremos el riesgo de que vuelvan de las sombras y lancen a la lucha a nuevas generaciones”.

Precisaba el exministro en esas publicaciones que se había dotado a la Policía de más de 1.500 millones de pesos y aumentado al plantel en 30 mil hombres.

“Smart trabajó activamente para la consumación del plan de exterminio y en su rol de ministro facilitó medios, recursos económicos y fuerzas policiales”, remarcó el abogado querellante.

Aseveró que Smart “es tan responsable como quienes ejecutaron de mano propia el asesinato de Horacio Benavides”.

En el marco del alegato, la querella de la familia pidió que se ordene a los diarios El Día de La Plata, Clarín y La Nación

la “publicación de la parte pertinente de la sentencia que especifique que Horacio Benavides fue asesinado”, ya que cuando ocurrió el hecho informaron que se había “abatido a un jefe subversivo”.

Finalmente se reclamó la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos y que se quite el goce de pensiones y jubilaciones que perciban (los imputados) y que el importe sea sólo percibido por parientes con derecho a pensión”.

El Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, integrado por Enrique Méndez Signori, Nelson Jarazo y José Antonio Michilini, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, a las 9, cuando se oirá el alegato de la fiscalía.