La privatización de AySA vuelve al centro del debate por la venta del 90% estatal

La venta del 90% de las acciones estatales de Agua y Saneamientos Argentinos abrió una nueva pulseada entre el Gobierno y la oposición por el alcance de las privatizaciones.

El proceso de privatización de AySA volvió a ocupar un lugar central en la discusión política. El Ministerio de Economía autorizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para transferir el 90% del paquete accionario estatal a un operador estratégico privado, una decisión que forma parte del programa de desinversión de empresas públicas impulsado por la administración de Javier Milei.

La medida quedó encuadrada en la Resolución 704/2026 y en la Ley Bases, que declaró a AySA sujeta a privatización. El 10% restante del capital accionario corresponde al Programa de Propiedad Participada de los trabajadores, esquema que el Gobierno mantiene dentro del proceso.

Qué se vende y bajo qué esquema

El llamado oficial apunta a vender la totalidad de las acciones que hoy están en manos del Estado nacional. La licitación fue planteada como nacional e internacional, sin base, y destinada a seleccionar un operador estratégico para tomar el control de la compañía.

AySA presta servicio de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y en una amplia zona del conurbano bonaerense. Por eso, la discusión excede el plano financiero: involucra tarifas, obras, calidad del servicio, control estatal y regulación de una prestación esencial.

Desde el Gobierno sostienen que la privatización permitirá atraer inversiones, mejorar eficiencia y reducir la presencia estatal en empresas consideradas no estratégicas. En la oposición, en cambio, crecen los pedidos de informes y controles sobre los pliegos, los criterios de valuación y las garantías para usuarios.

La oposición mira el proceso con lupa

El Congreso aparece como caja de resonancia del conflicto. Legisladores opositores vienen reclamando mayor información sobre los procesos de venta de empresas públicas y advierten que el Ejecutivo avanza con decisiones de alto impacto sin respuestas suficientes sobre las condiciones de transferencia.

El caso AySA es especialmente sensible porque se trata de un servicio básico. La discusión pública probablemente se concentre en tres puntos: cuánto ingresará efectivamente al Estado por la operación, qué obligaciones de inversión asumirá el futuro operador y cómo se protegerá a los usuarios frente a posibles aumentos tarifarios.

La privatización de AySA no se resolverá solo como una operación económica. También será una señal política sobre hasta dónde puede avanzar el plan de reformas del Gobierno y qué capacidad tiene la oposición para auditar una de las ventas más relevantes del año.

Fuentes consultadas

• Boletín Oficial de la República Argentina: Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía.
• Infobae: seguimiento del proceso de licitación para privatizar AySA.
• La Nación y El Cronista: cobertura del esquema de venta del 90% accionario.