Rusia pidió a la ONU investigar ‘actividades biológico-militares’ de EEUU en Ucrania

Rusia informó este jueves que solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU la apertura de una investigación por el presunto desarrollo de armas biológicas estadounidenses en Ucrania y Washington replicó que la acusación es “pura invención”.

“La Federación de Rusia no tenía más opción que presentar una denuncia ante el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU para pedirle abrir una investigación” sobre “actividades biológico-militares de Estados Unidos en Ucrania”, precisó la cancillería en un comunicado, informó la agencia de noticias AFP.

Agregó que el pedido iba acompañado de un proyecto de resolución de la máxima instancia de Naciones Unidas.

“Todos sabemos que estas afirmaciones son pura invención sin el más mínimo fundamento”, afirmó la embajadora de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Linda Thomas-Greenfield.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para poner las cosas en su sitio: Ucrania no tiene programa de armas biológicas y Estados Unidos no tiene programa de armas biológicas”, agregó la diplomática.

Poco después del inicio de su ofensiva en Ucrania a fines de febrero, Rusia acusó a Estados Unidos de haber financiado un programa de armas biológicas en Ucrania y aseguró que había encontrado pruebas al respecto en laboratorios ucranianos.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, el objetivo de Ucrania era “crear un mecanismo de propagación furtiva de patógenos mortales”.

Moscú reiteró esas acusaciones en varias ocasiones en reuniones del Consejo de Seguridad.

Tanto Estados Unidos como Ucrania desmintieron la existencia de laboratorios destinados a producir armas químicas en suelo ucraniano.

Rusia ya había acusado en 2018 a Estados Unidos de realizar experimentos biológicos secretos en Georgia, otra exrepública soviética que, como Ucrania, aspira a entrar en la OTAN y en la Unión Europea.

Para justificar su ofensiva militar, Rusia afirmó asimismo que Ucrania pretendía dotarse del arma nuclear, pese a que este país había renunciado formalmente a hacerlo en la década de 1990.