El Senado volvió a patear para agosto la ley de tierras y la pelea por la compra extranjera sigue abierta
Publicado: 24 / 07 /2026La ley de tierras volvió a quedar empantanada en el Senado y el oficialismo tuvo que patear otra vez la discusión para agosto. La pelea por la compra de campos por parte de extranjeros sigue abierta y todavía no aparece un texto capaz de cerrar la interna libertaria ni de ordenar a los aliados.
Infobae describió la reunión entre Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger como un intento de ordenar la redacción final del proyecto. Buenos Aires Herald, UPI y Reuters aportaron el trasfondo: lo que el Gobierno presenta como defensa de la propiedad privada es, en la práctica, una reforma que apunta a desarmar restricciones a la compra de tierras rurales por capitales extranjeros.
El punto más sensible
La discusión no gira solo en torno a expropiaciones o desalojos. El corazón del conflicto está en el capítulo que modifica la Ley de Tierras, una norma que desde 2011 pone límites a la extranjerización del suelo rural. Para el oficialismo, esos topes traban inversiones y generan inseguridad jurídica; para sus críticos, son una barrera mínima para proteger territorio, agua y soberanía.
La negociación se volvió más áspera porque el Senado no encuentra una versión que satisfaga a todos. Las provincias quieren conservar margen para decidir sobre sus territorios, mientras que parte del oficialismo busca liberar el régimen nacional lo máximo posible sin romper los acuerdos necesarios para llegar al recinto.
Qué puede pasar en agosto
El nuevo cuarto intermedio no resuelve la pelea, apenas la ordena por calendario. Si el Gobierno consigue reconstruir apoyos, el 6 de agosto puede volver a llevar el tema al recinto. Si no, el proyecto volverá a quedar expuesto a una negociación lenta, con cambios de último minuto y un costo político que sigue creciendo en público.
Por eso la escena es más amplia que una discusión técnica. En el fondo, la ley obliga a definir si la tierra rural debe tratarse como un activo más del mercado o como un bien estratégico que el Estado todavía quiere administrar con reglas comunes.
