Tensión entre Colombia y Guatemala por la acusación contra un ministro de Petro
Publicado: 17 / 01 /2023
Tensión diplomática entre Colombia y Guatemala por acusación contra actual ministro colombiano
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El Gobierno de Guatemala anunció hoy la llamada a consultas de su embajadora en Bogotá, en reciprocidad con la decisión similar que tomó el presidente colombiano, Gustavo Petro, para respaldar a su ministro de Defensa, acusado de corrupción por la Fiscalía guatemalteca, al tiempo que instó al Ejecutivo colombiano a no politizar “un tema de orden legal”.
La Fiscalía de Guatemala acusó el lunes al actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, de supuestas actividades corruptas cuando encabezó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo creado por las Naciones Unidas, que funcionó entre 2006 y 2019.
De inmediato Petro salió a respaldar a Velásquez en su cuenta de Twitter: “Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga”.
Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velasquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitirimos que la corrupción lo persiga.
Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 17, 2023
Y este martes ratificó que “lo defenderemos” y “seguirá siendo nuestro ministro”, en declaraciones a los periodistas a su llegada a Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial de Davos.
En este sentido, Petro, que ya llamó a consultas a su embajador en Guatemala, reiteró que no permitirá que el ministro sea “perseguido” o “acorralado” por “quienes ejercen esa impunidad”, sin concretar no obstante posibles medidas si el país centroamericano “insiste en apresar a hombres justos”.
En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala afirmó: “Hemos decidido por reciprocidad llamar a la embajadora de Guatemala en Colombia a consultas.”
“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta que el Gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes”, agregó.
El Gobierno de Alejandro Giammattei apeló a la “institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y la separación de poderes”, por lo que confía en que esta polémica sea resuelta “por la vía diplomática y el diálogo”.
El avance de la justicia guatemalteca contra Velázquez
La Fiscalía de Guatemala anunció ayer su intención de llevar a la justicia a Velásquez por supuestas acciones ilegales cuando ejercía funciones como jefe de una misión antimafias de la ONU en el país.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, indicó en un video difundido en redes sociales que Velásquez es señalado por avalar, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de testigo protegido (“colaborador eficaz”) de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala.
El actual ministro de Defensa de Colombia dirigió desde 2013 y hasta su cierre en 2019 la Cicig, un ente adscrito a la ONU que junto al Ministerio Público (Fiscalía) reveló varios escándalos de corrupción.
El de mayor impacto fue el que involucró el expresidente Otto Pérez (2012-2015), a quien acusó de encabezar una estructura de defraudación en aduanas, y que en diciembre pasado fue condenado a 16 años de prisión.
Según Curruchiche, Velásquez y la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018) otorgaron en 2017 el “visto bueno” para suscribir los acuerdos de colaborador eficaz en medio de la investigación contra Odebrecht, “lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando” con la firma brasileña.
La FECI “emprenderá las acciones legales correspondientes” para que Velásquez y otros involucrados en el caso “respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos”, al considerar que la negociación causó “un grave detrimento al Estado de Guatemala”, afirmó.
Velásquez rechazó la acusación en un comunicado, tras indicar que no ha “sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala”.
“Tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, puntualizó.
Según el fiscal Curruchiche, un juez autorizó las órdenes de captura por este caso contra Aldana; Mayra Véliz, exsecretaria del Ministerio Público; David Gaitán, exmandatario de la Cicig y Pablo Carrasco, exasesor de Odebrecht, informó la agencia de noticias AFP.
El anuncio se suma a varias detenciones contra exfuncionarios de la Cicig y exfiscales de la FECI, la mayoría acusados de abuso de autoridad por el Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos que la incluyó en 2021 en su listado de “corruptos y antidemocráticos”.
La primera condena contra exfiscales anticorrupción se dio en diciembre, cuando fue condenada a cuatro años de prisión Virginia Laparra, exjefa de la FECI en la ciudad de Quetzaltenango (oeste), por haber denunciado a un juez por sobrepasar sus funciones.
La posición de Estados Unidos
En tanto, Estados Unidos expresó este marteses su condena a las órdenes de captura contra personas implicadas en la lucha anticorrupción.
“Nos preocupan las órdenes de captura del @MPguatemala contra personas que trabajaron para garantizar la #RendiciónDeCuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala”, afirmó en su cuenta de Twitter el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
Nichols no cita directamente el caso de Velásquez, pero advirtió que esas órdenes de detenciones “debilitan el #EstadoDeDerecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”.
En la actualización de su lista de “corruptos” de Centroamérica, Washington incluyó el año pasado a Curruchiche y otros 15 guatemaltecos, entre los que destacan personas que contribuyeron a procesar a funcionarios de justicia, una de las críticas recurrentes de Washington al gobierno de Giammattei.
