visibilización y repudio desde el Estado

El Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional fue instituido el 8 de mayo en conmemoración de la denominada Masacre de Budge, ocurrida el 8 de mayo de 1987, cuando miembros de la policía bonaerense acribillaron a tres pibes que tomaban cerveza en la esquina de su barrio.

Si uno googlea la Masacre de Budge se va a encontrar con artículos y crónicas en las cuales se la señala como “el primer caso de gatillo fácil” o de “violencia institucional” desde la vuelta de la democracia.

La realidad es que no fue el primero ni, lamentablemente, el último.

Las violaciones a los derechos humanos cometidas por policías en los barrios -hoy conocidas como violencia institucional- no terminaron automáticamente el 10 de diciembre de 1983.

De hecho, los policías que habían sido parte del terrorismo de Estado durante la dictadura seguían ejerciendo sus funciones. Y sus prácticas.

Lo que sí sucedió con la Masacre de Budge, el 8 de mayo de 1987, es que el pueblo enfrentó el miedo que se había acumulado en esos años oscuros, se organizó y decidió decir: “¡Basta!”

Dejaron de naturalizar lo que pasaba. Salieron a la calle, hicieron marchas, banderas, murales, llegaron incluso hasta la Plaza de Mayo.

En definitiva, visibilizaron algo que se repetía en los barrios y que nadie se animaba a denunciar por miedo. Y no lo hicieron individualmente. Lo hicieron con organización colectiva.

Por eso, si bien no fue el primer caso de violencia institucional, sí podemos decir que de ahí surgió la lucha contra la violencia institucional.

Fue el eslabón que unió la lucha de los organismos de derechos humanos contra el terrorismo de Estado con la violación de derechos humanos en democracia.

A partir de ahí, algo se quebró. Los casos se visibilizaron. Las familias tomaron el ejemplo de los vecinos y vecinas de Budge, y también de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, mujeres que conocen de lucha y resistencia colectiva, y se unieron en el reclamo de Justicia.

Por eso, desde la actual gestión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación trabajamos mucho en visibilizar los casos de violencia institucional, mostrar quiénes eran las víctimas.

Además, incentivamos activamente la organización y mancomunión de los familiares.

Ya llevamos realizadas 32 señalizaciones de hechos graves en todo el país, en donde nos interesa contar lo que pasó, mostrar las fotos de las víctimas, sus vidas frustradas y dejar un claro mensaje de repudio desde el Estado.

Pero sabemos que con eso solo no alcanza. Lo primero es visibilizar y admitir el problema. Luego, abordarlo.

Para eso nos involucramos directamente en los cerca de 80 casos que nos llegan por mes a nuestro Centro de Denuncias, unos 1000 por año, en donde brindamos asesoramiento jurídico a las víctimas o sus familiares, hacemos las denuncias penales correspondientes, querellamos, pedimos información sobre las causas, acompañamos a las víctimas para que los hechos no queden impunes, desde los más graves hasta los más leves.

La realidad es que ningún gobierno, sea del signo político que sea, está exento de sufrir un caso de violencia institucional por parte de miembros de las fuerzas de seguridad a su cargo.

La diferencia radica en la reacción que se tiene frente a esos hechos y la señal política que se emite.

Se puede negar el hecho, ser indiferente, encubrirlo, justificarlo. Incluso se puede tomar como ejemplo invitando al policía responsable de un homicidio a la Casa Rosada. O también se puede repudiar, sancionar a los responsables, denunciar y abrazar a las víctimas ubicando al Estado del lado en el que tiene que estar.

Y eso también es bueno para quienes trabajan honestamente como policías o miembros de fuerzas de seguridad.

Vimos la semana pasada como un Tribunal Oral condenó a prisión a gendarmes que reprimieron violentamente una murga en el 2016, apenas asumido el gobierno que promovía y felicitaba a quienes disparaban contra ciudadanos o ciudadanas.

Hoy, esos dirigentes políticos siguen proponiendo las mismas cosas y son candidatos a presidente(a), mientras que los gendarmes a quienes mandaban a disparar están por ir presos.

En la medida en que las violaciones a los derechos humanos dejen de ser parte de las discusiones políticas y todos nos pongamos de acuerdo en repudiar y condenar esos hechos, vamos a estar más cerca de erradicarlos o disminuirlos considerablemente.

Siendo este un país federal, desde la Secretaría de Derechos Humanos impulsamos un proyecto de ley que se encuentra pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados en el cual se fijan pautas mínimas para todas las provincias en recepción de denuncias, acompañamiento a las víctimas, protocolos de actuación, sanciones administrativas, formación a las fuerzas, etc.

La idea es generar una herramienta de consenso que se convierta en una verdadera política de Estado de respeto a los derechos humanos, gobierne quien gobierne.

Algunos dirán que es imposible.

Pero si algo nos enseñó Néstor Kirchner a quienes asumimos la responsabilidad de gestionar lo público es a no resignarnos únicamente a lo posible.

*Director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional.